El régimen mediático valenciano o cómo liberar Canal 9

Gonzalo Montiel Roig
Editor de"El jardin del bosco"

El PP en el País Valenciano ha creado en estos años un régimen de relaciones institucionales en el que los principales organismos o estructuras de su proyecto de sistema se ajustan y trabajan de manera conjunta al servicio de sus intereses... Sabedor de la función social de los medios de comunicación de masas (TV, radio y prensa) y de la importancia de su control para completar el ajuste de un sistema social, el PP ha puesto en marcha en los últimos años un alto nivel de intervencionismo mediático. Mediante una trama opaca de supuestas y aparentes relaciones contractuales, de filiación ideológica o simplemente “amistosas” miembros de la administración pública, obispos, empresarios, incluso algunos sectores sindicales, se han confabulado para sostener un proyecto social que alimenta (o alimentaba, hasta la crisis) de manera ilimitada, el bienestar general y el enriquecimiento fasto-inmobiliario-económico de los valencianos en apariencia hasta el infinito. Esencial para el ajuste funcional de este régimen era, sin duda, el concurso de los medios de comunicación de masas en general, y los medios públicos en particular. Algunas de las herramientas con las que han contado los sucesivos gobiernos valencianos del PP han sido la eliminación de la pluralidad ideológica en las industrias audiovisuales y la distorsión de la realidad informativa y social a través de los medios públicos de la radio televisión valenciana (RTVV).

El reparto de licencias de TDT sospechosamente coincidente con empresarios y afines al Partido popular fue sólo la continuidad de un trabajo previo e imprescindible: el PP puso la RTVV al servicio único y exclusivo de reproducir las bases ideológicas, simbólicas y culturales de un régimen “pepero”. La televisión pública que “disfrutamos” los valencianos y el obsceno espectáculo de manipulación de los informativos de Canal 9 son sólo el resultado “perfecto” de un sistema ajustado para cumplir con los objetivos de una confabulación “perfecta”.

Las fuerzas económico-políticas-religiosas que sostiene el actual régimen valenciano, como suele ocurrir en los regímenes instaurados en sociedades de base democrática, han tenido que soslayar, con la ayuda inestimable de numerosos técnicos y profesionales de la administración pública, la máxima de que no se puede permitir que “un derecho fundamental te estropee un gran proyecto” y mucho menos un negocio. Y claro, entre los derechos que se han ido por el sumidero en estos años hemos visto diluirse el derecho a la información y el derecho de acceso a los medios de comunicación de servicio público.

Ejemplo de esta disolución de garantías básicas al servicio del régimen tenemos varios, algunos afectados por legislación aprobada en Les Corts recientemente por el propio gobierno popular. Quizá el más llamativo sea el que afecta a los informativos de Canal 9, que se encuentran secuestrados por una dirección que vulnera de manera impune el artículo 21 de la Ley de Creación de la Entidad Pública Radio Televisión Valenciana (Ley 7/1984 de la Generalitat Valenciana de 4 de julio):

“Se facilitará el acceso de los grupos sociales y políticos más significativos a los espacios de radio y televisión, en base a criterios objetivos, como la representación parlamentaria, la implantación sindical, ámbito territorial de actuación y otros de análogo carácter”.

A la ya tradicional sobrerrepresentación del Partido Popular en los informativos de la televisión pública valenciana y la ausencia de representantes de otras formaciones políticas valencianas y al ejercicio de apropiación partidistas de los escasos espacios de supuesto debate o análisis político, se ha sumado en las últimas semanas una nueva experiencia. Se trata de la eliminación directa y sin matices en la “realidad mediática” que Canal 9 construye para el Partido Popular de toda referencia inteligible a los supuestos casos de corrupción instruidos por el juez Garzón (a denuncia de afiliados del propio partido popular, por cierto), y que salpican o más bien arrastran a miembros del PP y al propio President de la Generalitat.

Sin embargo, este hecho, además de suponer un incumplimiento de las bases de servicio público sobre las que se fundó la RTVV, implica la clara vulneración de los principios de funcionamiento que, para cualquier medio de difusión audiovisual, establece la Ley 1/2006 de la Generalitat del Sector Audiovisual. En concreto, el artículo 16 establece como principios generales de la programación de las “emisiones de las entidades o concesionarios que prestan los servicios de televisión y de radiodifusión” el respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural, ideológico y lingüístico. Así como la “objetividad, veracidad e imparcialidad” de las informaciones, y la “diferenciación en los contenidos y formatos, lo que es información, de lo que es publicidad o propaganda”. Entre estos principios básicos del desarrollo del servicio público que ha de cumplir la emisión audiovisual bajo concesión, se establece también “la adecuada separación entre informaciones y opiniones”.

Quien haga un seguimiento de los informativos de la televisión pública valenciana podrá comprobar que, de manera flagrante, su principal papel es sostener una actitud no veraz en el ámbito político y la puesta de los medios públicos al servicio de la publicidad y la propaganda de los intereses del PP.

En este contexto, se entiende, mejor si cabe, la importancia que tendría para la sociedad valenciana disponer de un Consell Audiovisual que, de manera independiente, regulara o sancionara las actuaciones contrarias a principios básicos de programación que la propia ley establece. Pero, miserias de la historia reciente, el PSPV de Joan Ignasi Pla aceptó consensuar una ley que bloqueaba sine die la creación de ese órgano. En la redacción de la citada ley, como en el marco de la regulación autonómica de la actividad de RTVV, el PP, con el apoyo y consenso inverosímil del PSOE, aprobó la legislación que de facto bloqueaba la puesta en marcha del Consell Audiovisual de la CV.

Sin Consell Audiovisual, y con gran parte de las instituciones básicas del sistema controladas por el régimen del PP valenciano, la situación en la que nos encontramos en el País Valenciano en relación con los medios de comunicación públicos es la de una autopista sin límites de velocidad y sin mecanismos de regulación o de sanción. Los dirigentes populares van “lanzados” a toda velocidad por esa autopista sin peajes que pagamos todos y en la que se “conducen” sin el mínimo respeto a las normas básicas de circulación. En el régimen del PP se ha impuesto la ley del “más rápido” y ha transformado una sociedad democrática en un régimen en el que los medios públicos están secuestrados y en la que nos quieren condenar al conjunto de los ciudadanos a verlos pasar pisando el acelerador a toda velocidad.

En manos de los ciudadanos está activar mecanismos de la sociedad civil que hagan tambalear el actual sistema. Ningún régimen ha cambiado realmente a partir de las estructuras que le dan soporte y que ajustan su devenir. Tres líneas de actuación podrían servir para afrontar la oposición a este régimen. En primer lugar, es muy probable que lo que está ocurriendo en Canal 9, de igual manera que el proceso de concesión-concentración de licencias de TDT, sea susceptible de ser llevado a los tribunales. Pero dado el nivel de infiltración y de adscripción al régimen de la judicatura, posiblemente esto sirviera para poco. Por tanto, y en segundo lugar, es necesario activar la movilización social, no sólo en la calle, sino también mediante mecanismos alternativos de comunicación y de “correlación” social que abran brechas en el régimen. Es necesario, por tanto, activar nuevos liderazgos sociales y movilizadores que desliguen a los ciudadanos de las fuentes de manipulación y que debiliten la monolítica estructura. Es difícil, pero no hay otro camino. En tercer lugar, la actual legislación audiovisual valenciana sirvió para realizar la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la directiva europea de Televisión sin fronteras que recientemente ha sido modificada de manera sensible. También el Gobierno español tiene previsto promulgar una ley audiovisual de ámbito estatal que establezca un nuevo marco para el ejercicio del servicio público en materia de comunicación. Quizá este nuevo contexto europeo y estatal haga necesario reformular y corregir la legislación valenciana y sea la oportunidad para dar la batalla por un nuevo modelo de estructura de comunicación pública en el País Valenciano regulado, más plural, más respetuoso con el derecho a la información y con el ejercicio del servicio público de los medios. En definitiva, conseguir que los valencianos dispongamos de una estructura democrática de medios públicos y no un régimen mediático popular.

 

publicat en àgora del'esquerra plural >25/02/09 > www.agoraplural.org