El fracaso Escolar en el País Valencià:
Realidad, causas, propuestas

José Antonio Fernández Cabello
Coordinador de EU Alicante

Los datos

Los datos de dos estudios, el de la revista especializada “Magisterio” y el del informe PISA, presentan un panorama desalentador:

El fracaso escolar en España afecta ya a 135.000 jóvenes, lo que supone un 30,8 por ciento de la población en edad escolar. Esta situación coloca a España muy lejos de cumplir los objetivos marcados para Lisboa 2010 de que el abandono escolar temprano que afecta al 31% de jóvenes (más del doble de la media de la Unión Europea) se reduzca al 10% en 2011.

El estudio por territorios divide la Península en cuatro grupos: En el primero se encuentran las comunidades con mayor fracaso y con un abandono escolar por encima del 35 por ciento. En este grupo se encuentra la Comunidad Valenciana con un porcentaje de fracaso escolar del 39,7%, acompañada de Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias. En el otro extremo se encuentran el País Vasco y Asturias, que no superan el 20 por ciento, por lo que ambas autonomías podrían llegar a tiempo a los datos requeridos en Lisboa 2010. El resto se calcula, que si continúan con estos resultados, no podrán lograr los objetivos hasta, al menos, 2015.

Estos datos coinciden con los resultados del informe PISA 2006 del que se desprende que la peor evolución la registran la Comunidad Valenciana, que se ha colocado como la segunda autonomía española con mayor fracaso escolar -un 39,7%, sólo por detrás de Ceuta que alcanza el 52%- y ha empeorado en 14,4 puntos este índice en el período 2000-2006, cifras que, según la revista “Magisterio”, "dejan al sistema educativo valenciano al borde de la quiebra".

En la provincia de Valencia, los índices del estudio señalan que el fracaso en 2002 afectaba al 29,4% de los escolares, mientras que en 2006 asciende al 36,5%, es decir, siete puntos más en un quinquenio.

En cuanto a Castellón, si hace cinco años el 35% de la población escolar no obtenía el graduado en ESO, en 2006 son el 38,8% los que no lo consiguen, lo que se traduce en 3,8 puntos más.

Pero es la provincia de Alicante la que ostenta el triste récord del fracaso escolar en los últimos cinco años, situándose con un 44% en la segunda provincia de España con mayor índice de fracaso.

Desgraciadamente la respuesta por parte de la Conselleria y del propio Presidente Camps ha sido la descalificación de estos datos, olvidando que el informe de la propia “casa”, del Consell Escolar Valenciano, señala que "casi el 18% de los alumnos de la ESO abandona los estudios en el tránsito de los 15 a los 16 años, sin agotar la edad escolar obligatoria. Este porcentaje sumado al de cerca del 30% que no supera el graduado escolar en Secundaria ronda el 47% de fracaso escolar en la Comunidad".

Las valoraciones

Contrastan estos datos demoledores con las declaraciones del Presidente Camps que ratificaba al Conseller Font de Mora en su puesto en pleno conflicto educativo “porque es un gran conseller y lo está haciendo de forma excepcional”. No contento con ello añadía que la Comunitat es "referencia inexcusable de preparación, oportunidad y prosperidad para todos", ya que se han invertido unos 4.500 millones de euros en educación, y la próxima semana se inaugurará el colegio número 300 desde que el presidente ostenta su cargo.

No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír, y con esa actitud de que en la comunidad estamos en el mejor de los mundos posibles, es muy difícil esperar que, después de un análisis del fracaso escolar y de sus causas, se vayan a poner los remedios necesarios. Aunque siempre nos quedará el “Chino mandarín” o la preocupación por los uniformes.

El análisis

La experiencia que me dan 35 años de docencia y de gestión en centros escolares me permite tener una visión de la realidad educativa, de la evolución que la educación ha tenido en este país y del papel que le toca jugar en la sociedad.

Una de esas realidades más traumáticas es la del alumno fracasado. Cuando algún profesor comete el error (lamentable error) de decir a un alumno que no sirve para nada o lo tacha de inútil o de desastre, está dejando sobre él un terrible estigma que arrastrará ya durante toda su vida.

Cuando hablamos del alumno fracasado corremos el riesgo de simplificar y de reducir el concepto al hecho de un joven que al concluir una determinada etapa en la escuela no obtiene calificaciones satisfactorias y consecuentemente deja de obtener el título correspondiente. Las notas se convierten así en el dictamen único que establece el éxito o el fracaso. Uno ha visto profesores de una misma asignatura y nivel aplicando calificaciones totalmente contrarias y profesores que han puesto notas de evaluación a partir de una sola nota de un ejercicio escrito. Las notas no pueden ser el termómetro único a la hora de valorar el éxito o fracaso de un alumno.

Un sistema educativo que establece por ley unos objetivos y unos niveles de conocimiento iguales para todos y mide el éxito o fracaso de cada uno en la consecución o no de los mismos es un sistema injusto porque trata de igual forma a alumnos que parten de realidades y de una situación de salida totalmente diferentes.

El éxito o fracaso escolar, pues, no se debe medir exclusivamente por el punto de llegada y por la consecución o no de unos mismos objetivos, sino teniendo en cuenta el punto de partida de cada alumno, el progreso conseguido desde ese punto de partida y las capacidades y expectativas de cada uno.

Podríamos hacer un tratado analizando los múltiples factores que determinan el denominado fracaso escolar o mejor diríamos la falta de éxito escolar. He aquí algunos: Las desigualdades sociales previas que determinan la trayectoria de cada alumno en la escuela; la situación de familias desestructuradas con graves problemas económicos y laborales; el modelo económico y social que transmite valores de competitividad, rivalidad, consumo, etc o presenta modelos de éxito poco recomendables relacionados casi siempre con programas de TV de contenido rosa o con los casting; el entorno familiar y la falta de recursos materiales y culturales que impiden que el niño adquiera un mínimo de habilidades sociales o de hábitos de trabajo, de lectura y escritura; el fenómeno migratorio que provoca la deslocalización de familias y de niños (cambios de país, de centro y de compañeros) ; la falta de centros 0-3 años que permitan conciliar vida laboral y familiar, lo que determina en muchos casos la tardía escolarización de los niños y las primeras diferencias y desigualdades; el sistema educativo con currículos largos, densos, reiterativos y poco prácticos que no despiertan el interés y la utilidad de la escuela; la insuficiencia de recursos materiales y humanos que impiden atender la diversidad en la escuela; la falta de plantillas estables y suficientes en la mayor parte de los centros (de los aproximadamente 12.000 interinos que hay en el P.Valenciano -50% Infantil Primaria y 50% secundaria-, 2/3 están en la provincia de Alicante) ; las actitudes de una parte del profesorado que, lejos de abonar la autoestima del alumno como factor positivo o de poner al día su metodología y estrategia educativa, provocan el aburrimiento, el conflicto y el absentismo. Etc.

Las soluciones

¿Qué puede hacer la escuela ante esta situación?

Me refiero, por supuesto, a la escuela pública, que es la única que atiende la pluralidad y la diversidad escolar, a diferencia de la escuela privada y concertada que selecciona en gran medida a su alumnado, con el visto bueno de la Conselleria, excluyendo a la mayor parte del alumnado más vulnerable.

Siendo las desigualdades hechos reales inevitables, lo que debe hacer la escuela es intentar corregirlas beneficiando a los más vulnerables.

La escuela puede y debe promover el principio de igualdad de oportunidades. Todas las personas tienen reconocido en la Constitución el derecho a una educación en condiciones de igualdad. Pero este concepto equitativo debe ser entendido en su sentido más solidario y de justicia social que, dada la gran diversidad de situaciones iniciales y de capacidades, no consiste en distribuir de forma igualitaria los recursos entre todos los alumnos, sino en que dispongan de más medios quienes parten de situaciones más desfavorecidas.

En definitiva, para garantizar una igualdad de oportunidades equitativa, la escuela debe apoyar con mayores recursos a los alumnos más vulnerables.

Uno de los graves defectos de la escuela actual es que continúa siendo competitiva y meritocrática estableciéndose como criterios de éxito el bagaje de conocimientos que a su vez está muy determinados por la condición socio-económica de las familias de origen Por ello, la escuela debe centrar su actuación, no tanto en currículos densos, reiterativos y poco prácticos, sino en desarrollar las capacidades fundamentales que son requisitos previos para actuar como personas autónomas en la sociedad. No basta con paliar los efectos de la pobreza, sino que es necesario romper su lógica, generando y desarrollando las capacidades, los recursos y los instrumentos que les permitan salir de ella por sí mismos.

La escuela democrática, más que intentar igualar a los más desfavorecidos con los más aventajados, debe garantizarles un mínimo de recursos y la adquisición de competencias básicas. Por eso cuando hablamos de alcanzar los objetivos curriculares en la ESO, la escuela debe tener claro que consiste en adquirir las competencias básicas, destrezas y actitudes que permita a todos los ciudadanos vivir su condición de personas y miembros activos en la sociedad en la que viven. Esta garantía mínima trasciende lo puramente escolar y afecta a la utilidad social, la formación y las posibilidades de acceso al mercado laboral. En definitiva convertir a la escuela en instrumento de éxito.

Lo cual no está reñido en absoluto con que el sistema educativo se plantee obtener de los alumnos más aventajados los mejores resultados y los máximos niveles en conocimientos, destrezas, procedimientos, actitudes y habilidades, a través de la adaptación flexible (también por arriba) del currículum.

Se deben redefinir los currículos y garantizar a las personas que están en mayor riesgo de exclusión su condición ciudadana y unas competencias básicas y conocimientos indispensables para hacerse un lugar en la sociedad (trabajo, salario, cultura etc). El curriculum no puede excluir otras formas de organización del conocimiento alternativas que respondan a los intereses y las expectativas de los más desfavorecidos, teniendo en cuenta las exigencias de la sociedad y las habilidades y conocimientos que son necesarios hoy para poder incorporarse al mundo laboral, muy superiores a las de generaciones anteriores.

En definitiva, la escuela debe evitar la exclusión, porque las personas excluidas del sistema educativo suelen serlo también del sistema laboral al no haber adquirido las competencias necesarias para ejercer la condición de ciudadano, ejercer sus derechos y participar de los bienes sociales y culturales.

La escuela como instrumento de promoción social no debe tener entre sus funciones la de seleccionar y excluir al alumnado “fracasado”, sino adoptar cuantas iniciativas, programas y planes atiendan mejor el diagnóstico de las causas que impiden el éxito escolar, la orientación adecuada en función de las capacidades y los intereses de cada alumno y la puesta en marcha del mayor número de programas e iniciativas de atención a la diversidad y la pluralidad (tanto para el alumnado mas retrasado como para el más avanzado) para obtener lo mejor de cada alumno.

Y todo esto requiere de la Administración educativa una decidida voluntad política de mejora y ampliación de las infraestructuras, de escolarización pública entre 0-3 años, de gratuidad real de la enseñanza obligatoria (libros, transporte, comedor), de reforma profunda de la formación del profesorado y constante renovación pedagógica, de estabilidad de las plantillas de los centros, de desarrollo de programas de atención a la diversidad, de reducción de ratios, de universalización de las nuevas tecnologías, etc, todo lo cual se concreta en un aumento sustancial de las inversiones en la educación pública hasta al menos el 6% del PIB.

La crisis económico-social que vivimos sólo podrá superarse si entendemos que "la formación es un factor esencial para asentar un modelo de crecimiento económico, basado en el conocimiento y la solidaridad, que permita asegurar un desarrollo sostenible y una mayor cohesión social".

El fracaso escolar es, en definitiva, la expresión del fracaso del sistema educativo y de este modelo de sociedad clasista e insolidaria.

 

publicat en àgora del'esquerra plural >02/04/09 > www.agoraplural.org