La batalla del circuit

Roberto Lisart
Sindicalista de CCOO en Teatres de la Generalitat i militant d'EUPV

Los recursos destinados al Circuit Teatral Valencià (CTV) en Teatres de la Generalitat Valenciana (TGV), alcanzaban en el ejercicio 2009 la catorceava parte de un presupuesto global de catorce millones, es decir, un lacónico millón de euros para financiar actividades escénicas en todo el territorio. La hidrocefalia capitalina de las actividades de Teatres, centradas en el binomio Teatro Principal-Centro Coreográfico, es enfermedad crónica desde hace años y era un asunto preocupante ya antes de que la Dirección General decidiera provocar esta crisis absurda, desatada en el peor momento posible para el sector de artes escénicas. El dinero del CTV era con mucho el mejor invertido, destinado a vertebrar una tímida política cultural de cooperación territorial a través de 63 municipios que de forma progresiva han llegado a invertir más de tres millones en cada ejercicio, el triple de la cantidad aportada por TGV.

La publicación de la ORDEN 1/2010 de la Conselleria de Cultura y Deporte, por la que se convoca concurso público para la concesión de ayudas al Circuito Valenciano de Teatro y Danza para el fomento y apoyo de la programación de compañías valencianas, presentada ante la opinión pública como un simple cambio de partida presupuestaria (del Capítulo II, gasto corriente, al Capítulo IV, subvenciones a terceros), y de trámite administrativo diferente, no es inocente ni inocua, porque significa de hecho la destrucción de una estructura que ha demostrado su validez durante 25 años. ¿Qué pretenden construir con este improvisado desatino? Siempre hemos detectado, en los intestinos de esta institución, absurdos prejuicios ideológicos hacia el Circuit, una monomanía que no han tenido excesivo recato en ocultar. Este utilísimo instrumento de gestión era el único canal público de distribución de espectáculos (un modelo estudiado con interés en el extranjero e imitado en otras autonomías), de gestión consensuada, que aprobaba la demanda de programación los municipios por medio de asambleas generales y de una Junta Directiva elegida por los propios programadores –técnicos de Gestión Cultural-, que actúan por mandato expreso del plenario de cada corporación- democrático en suma-, y que ha dado un servicio magnífico a la ciudadanía tal y como demuestran los informes que desde 1992 se han venido generando; una manera de funcionar que por lo visto no agradaba a los responsables de TGV.

De hecho, TGV ha sido tradicionalmente un ente rácano a invertir fuera del cap i casal, reincidente en los rebrotes centralistas, y despectivo a la vez que distante con un CTV imposible de someter hacia los antojadizos intereses de la Dirección de turno, que siempre ha esperado que le compren las giras de la producción propia sin rechistar, poco menos que a precio de saldo.

Una Dirección General displicente que se ha olvidado durante años de la cultura que generaba el resto del territorio y, atareada en viajes, nunca ha promovido ninguna actividad que no estuviera diseñada de antaño; sorprende que se interese ahora en derribar la que más consenso generaba entre los profesionales, cuando la deuda galopante maniata un presupuesto gestionado torticeramente a resultas de la reorientación del gasto que ha ejecutado la responsable actual.

Esta parece ser pues la verdadera razón del desaguisado perpetrado contra el único instrumento de vertebración escénica del territorio: tapar el agujero de la deuda generada por “eventos de repercusión universal”. Una Dirección General dedicada a fomentar la desvalencianización absoluta de la escena valenciana, mucho más proclive que sus antecesores a consentir los fastos preelectorales y a atender disciplinadamente cualquier ocurrencia sobre programación o producción sugerida por sus superiores. ¿Adónde pretende llegar?

En lo relativo a la destrucción de empleo las consecuencias de la supresión del CTV serán catastróficas. Se han producido y se seguirán produciendo cancelaciones de la programación, por lo que a menos contratos, menos sueldos. La mayoría de los ayuntamientos no pueden diseñar y asumir una programación sin contar con ayuda segura y preestablecida. La incertidumbre envuelve la Orden: parece ser que las solicitudes serán sometidas a la consideración de una Comisión de Valoración nombrada al efecto, que deslizará la adjudicación hacia a un absurdo goteo de cantidades inapreciables para extender a más municipios una partida que ya nace menguada. La tentación al clientelismo será imposible de contener, en un océano de tejemanejes. Los ayuntamientos de la oposición, los ayuntamientos de facciones rivales del propio Partido Popular y los programadores díscolos serán castigados. Teatres renuncia a considerar al Circuit como una actividad propia -es por esto que estaba en la partida de gastos corrientes-, y lo reduce a una fría ventanilla administrativa que triplica la burocracia.

Las ventajas que se derivaban de la coordinación de las programaciones, homologación de necesidades técnicas, precio único garantizado y contratado al por mayor en giras, oferta trimestral actualizada, memoria anual de actividades y, en definitiva, la posibilidad de atender oferta y demanda con rapidez, son las rémoras de un CTV que al parecer sostiene “un discurso rancio”, en opinión de Inmaculada Gil, que disfraza su argumentación bajo un discurso pseudomoderno, manipula las cifras del informe anual, y no escucha la voz de los programadores, que han sido ninguneados cual banda de facinerosos.

¿Qué han de hacer los ayuntamientos? Pues deben ahora adelantar el 100% del gasto, cerrar en veinte días hábiles una programación anual, -lo que no es capaz de acometer Teatres-, esperar la pedrea graciable de la subvención, justificar el gasto a posteriori, cobrar la astilla cuando ya no se estile y, sobre todo, deben portarse bien. Los productores, artistas en funciones empresariales las más de las veces, pueden ya olvidarse de estrenar una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes, porque estrenar en abril significará estar fuera de la posibilidad de entrar en plazo, hasta el año siguiente. La reacción, moderada, de algunos interlocutores, responde a una coacción implícita: la percepción de posibles represalias futuras en las Ayudas a la Producción y la potencial exclusión de ser programados en las salas de TGV. Las asociaciones y los profesionales que vertebran el sector de las artes escénicas deben madurar una respuesta adecuada al daño efectivo causado, en el momento de mayor gravedad de la crisis económica global. Ha sido un golpe cruento a la estructura profesional, cuando más ayuda necesitaba. Con todo, la peor parte se la llevarán los más indefensos, como siempre, los intérpretes. La coyuntura que han diseñado debería hacernos reflexionar, a todos juntos, partiendo de este axioma: no se puede destruir el Circuit impunemente.