¿Hasta cuándo, Sr. Font de Mora?

José Antonio Fernández Cabello
Coordinador Local de Esquerra Unida de Alicante

Con la publicación, el 10 de junio, de la Orden de la Conselleria de Educación, estableciendo formas de organización pedagógica para impartir la materia Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en la Educación Secundaria Obligatoria, el Conseller Font de Mora consumaba la amenaza que en su día anunció el Presidente de la Generalitat, F. Camps, de que en la Comunidad Valenciana dicha asignatura se impartiría en lengua inglesa. Lo que parecía una broma de mal gusto, se convirtió de hecho en una estrategia perfectamente concebida y planificada de boicot a una asignatura de la LOE que desde su nacimiento fue demonizada por los sectores más conservadores e integristas de la sociedad española, la jerarquía eclesiástica, la Confederación de Padres Católicos de Alumnos (Concapa) y el Partido Popular.

Se iniciaba así una de las etapas más negras de la historia de la educación en España y en el País Valenciano.

Las amenazas y las presiones a los profesores y a los centros han supuesto la mayor agresión que se conoce en tiempos democráticos a la dignidad del profesorado y a los derechos de alumnos y padres convertidos en rehenes de la estrategia política del gobierno de Camps contra la LOE.

Lo que ni Camps ni Font de Mora esperaban era la contundente y generalizada respuesta de la comunidad educativa y del profesorado, las multitudinarias manifestaciones, encierros, asambleas, etc, que son el mejor exponente del rechazo que la política educativa del gobierno valenciano ha provocado en la opinión pública. Font de Mora es el Conseller con peor valoración del Consell y Camps experimentará en breve una caída significativa de la suya.

Y esto no ha hecho más que empezar. El 10 noviembre se reanudaron las movilizaciones, el 29 se anuncia una multitudinaria manifestación en Valencia y el 17 de diciembre el sistema educativo valenciano se paralizará, respondiendo a la convocatoria de huelga por parte de las Plataformas en Defensa de la Escuela Pública a lo largo y ancho del País Valenciano.

Pero ¿qué profundas razones pueden explicar la tozudez del Presidente Camps y del Conseller Font de Mora en la cuestión de Educación para la Ciudadanía a pesar del coste que les está suponiendo las movilizaciones? ¿Qué les lleva a sostener y aumentar el pulso a la comunidad escolar en el territorio valenciano y hasta cuándo están dispuestos a sostenerlo?

Desde mi punto de vista, esas razones existen.

Unas responden a una táctica elemental de un gobierno como el valenciano cuya política educativa presenta un balance desastroso. Se trata de levantar una cortina de humo para entretener a la opinión pública y desviar la atención de los gravísimos problemas estructurales que presenta el sistema educativo valenciano: que la Comunidad Valenciana es la tercera en índices más altos de fracaso escolar de España, con el 36’4 % de alumnos que no obtienen el Graduado en Secundaria, que en los Presupuestos del año 2009 los gastos de funcionamiento de los centros de Primaria van a sufrir un recorte de 3.525’16 miles de euros (- 4’25%) y los de Secundaria de 10.189’93 miles de euros (- 9’67%), que las partidas de inversiones en construcciones de centros de Primaria se van a reducir 1.880’72 miles de euros (- 10’37%) y en Secundaria 1.735’70 miles de euros (- 8’59%), mientras se aumentan significativamente las partidas para conciertos con la enseñanza privada en etapas no obligatorias: 1.705.040 euros para Ciclos de FP de grado medio (+ 6’5%) y 1.283.980 euros para concertar el Bachillerato (+ 6’2%), que existen alrededor de 1.300 barracones en vez de aulas en los que estudian más de 25.000 estudiantes, o que estamos en una comunidad en la que no existe oferta de plazas públicas 0-3 años.

Otras razones se enmarcan en la estrategia partidista de confrontación que el PP, con el apoyo de los sectores más reaccionarios de la sociedad, viene desarrollando contra el Gobierno del Estado. En este caso el caballo de batalla es la LOE y concretamente la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

Desde la promulgación de la LOE, la Conferencia Episcopal arremetió contra ella denunciando que había introducido en el sistema educativo español una nueva asignatura, conocida como “Ecuación para la Ciudadanía”, cuyo objetivo es la formación de la conciencia moral de los alumnos. El PP ha aprovechado la ocasión para desencadenar una guerra sin cuartel con fines estrictamente partidistas.

Invito a leer el Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre (BOE 5 enero 2007) y el desarrollo del currículo de la asignatura de Educación para la Convivencia y sus objetivos. No verán rastro alguno del adoctrinamiento moral que la Conferencia Episcopal denuncia, sino la preocupación por promover una ciudadanía democrática en la misma línea en que lo hacen distintos organismos internacionales y la Constitución española en su artículo 1.1 cuando se refiere a los valores en que se debe sustentar la convivencia social que son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político y, en el artículo 14, establece la igualdad de todos ante la ley y rechaza cualquier discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Hay que desenmascarar al PP ante la opinión pública y ante los ciudadanos. El Partido Popular, el Sr. Camps y el Sr. Font de Mora pueden exaltar las bondades del trilinguismo y la importancia de preparar a nuestros alumnos de cara a Europa, pero hay que decir que todo esto es un disfraz que esconde las auténticas intenciones, expresadas en numerosas ocasiones, de eliminar la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Lo dice el programa electoral del PP, lo decía el propio Rajoy en numerosos mítines durante la campaña electoral y lo ha dicho apenas hace unos días el Presidente del PP provincial de Alicante, José J. Ripoll: “Hay que eliminar la asignatura” y, si la ley no se lo permite, se buscan los procedimientos que hagan falta para impedir que se curse. Darla en inglés en un nivel de 2º de la ESO ha sido el procedimiento elegido por el gobierno valenciano para que no se imparta. El profesorado reconoce que “…no se puede cumplir el currículo de la asignatura al tener que darla en inglés cuando los estudiantes carecen del nivel necesario en el idioma para seguir la clase” .Objetivo cumplido.

Si bien es cierto que el Gobierno Central y los Sindicatos han presentado recursos ante los Tribunales, no es menos cierto que está en juego la dignidad del profesorado y los derechos de alumnos y padres de alumnos, pisoteados una y otra vez por el gobierno valenciano y esta situación no puede esperar más tiempo.

Al Gobierno Central le corresponde hacer que la ley se cumpla, hay que recordarle que existe la Alta Inspección de Educación que nació como consecuencia de la nueva organización política de España en Comunidades Autónomas, a la que le corresponde entre otras cosas:

• Comprobar la inclusión de los aspectos básicos del currículo dentro de los currículos respectivos y que éstos se cursan de acuerdo con el ordenamiento estatal correspondiente.
• Comprobar el cumplimiento de las condiciones para la obtención de los títulos correspondientes y de los efectos académicos o profesionales de los mismos.
• Velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación, así como de sus derechos lingüísticos, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

Póngase pues en marcha la Alta Inspección de Educación en esta Comunidad y cumpla con sus funciones para garantizar que la ley se cumpla. Y, en último extremo, la propia Constitución prevee en su artículo 155 que “si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.”

¿Qué más agravios tendrán que soportar los profesores, padres y madres y alumnos de los centros educativos del País Valenciano para que intervenga quien tiene la obligación de intervenir para que se cumpla la ley?

28/11/08